Kevin Jackson

Kevin Jackson Cárcamo.

Noviembre, 2017.

“Sin duda, las áreas rurales enfrentan desafíos particulares. Sus indicadores socio-económicos tienden a ser persistentemente peores que los de las áreas urbanas. Esto se ve reflejado en un peor acceso y niveles de servicios públicos como educación, salud, vivienda y también la falta de infraestructura básica como calles, sistemas de irrigación, comunicación y el desigual acceso y disponibilidad de tierra y agua. Estas condiciones afectan además de manera desproporcionada a los pueblos originarios y a las mujeres” (Beduschi, Contreras, & Holz, 2017, pág. 1).

Actualmente en Nicaragua, los niveles más altos de pobreza se encuentran en el área rural. Hasta 2014, de cada 100 habitantes rurales 50 eran pobres, y de esa cantidad en promedio unos 16 vivían en situación de pobreza extrema. En cambio en el área urbana, de cada 100 habitantes 14 vivían en condición de pobreza y de ese total 2 eran pobres extremos. Esto se constata por el hecho de que la pobreza en Nicaragua se concentra en las regiones con más territorios rurales del país, las cuales son: el Caribe (67,6%) y la región Central (61,3%) (Rodríguez & Gomez, 2012).

En esa misma línea, el índice multidimensional de pobreza rural (IPMR) aplicado al caso de Nicaragua muestra algunos indicadores que limitan el desarrollo rural y como esos límites reproducen pobreza[1] (Gómez, 2012). Estos indicadores coinciden con algunas de los desafíos y necesidades globales del área rural como son: “1) contribuir a mejorar las condiciones y términos de acceso a los activos críticos como tierra, agua, infraestructura y energía; 2) facilitar el acceso a servicios financieros (créditos, seguros) y no financieros como a la asistencia técnica e información; 3) fortalecer a las organizaciones locales y promover su participación y 4) establecer políticas específicas de género y para los pueblos originarios” (Beduschi, Contreras, & Holz, 2017).

 

El ínfimo actuar del Estado en áreas rurales es demostrado al saber que entre el año 2007 y 2012, Nicaragua era el país Centroamericano que menos invertía en la población rural (Ancheta, Morán, & Cabrera, 2016). A pesar de esto, existen investigaciones que demuestran que para el caso de Nicaragua, el sector rural contribuye hasta un 40% de la producción total (Grigsby & Pérez, 2007). En este sentido, el desarrollo limitado de las zonas rurales y la poca inversión observada puede ser interpretado como una limitante para el desarrollo nacional.

Por otro lado, a pesar de la importancia de las políticas públicas y a asignación de los recursos públicos para el desarrollo rural es necesario destacar que para que el accionar estatal sea efectivo “estas políticas deben estar orientadas a superar las trampas de la desigualdad, brindando oportunidades económicas, acceso a activos e influencia política a los grupos marginados” (WB, 2006) (World Bank, 2006. p.3).

Por otro lado, la precarizada institucionalidad pública en localidades está expresada en los indicadores sociales y económicos a nivel nacional. Esta realidad “dificulta que se logren desarrollar políticas complejas que combinen estrategias de mitigación de corto plazo con acciones de mediano plazo. Sin embargo, si estas no se llevan a cabo —en el marco de sus políticas contra cíclicas–, difícilmente se darán otras situaciones (Trivelli; Yancari & De los Rios, 2009).

Dicho de otra manera, sin políticas públicas focalizadas en las zonas rurales y adaptadas a las condiciones y necesidades locales muy probablemente estos desafíos continuarán siendo problemáticas dada la estructura económica existente. Un ejemplo que sirve para ilustrar esta situación, es la tenencia de la tierra apta para explotación agropecuaria. Según el último Censo Agropecuario (CENAGRO 2011), la distribución de tierras a nivel nacional era muy desigual. Del total de las explotaciones agropecuarias a nivel nacional apenas el 23% pertenecía a las mujeres. Ésta situación es aún más preocupante cuando se analiza aquellas tierras con extensiones mayores a 500 mz, las cuales solo el 6% le pertenecía a mujeres. 

Del mismo modo, la educación es un buen ejemplo para ilustrar éstos problemas. Según la última Encuesta de Medición del Nivel de Vida (EMNV 2014), los habitantes de las zonas urbanas en promedio tenían 8 años de escolaridad. Sin embargo, esta cifra se reducía a la mitad en el área rural.

En esta misma línea, “la Encuesta Nicaragüense de Demografía y Salud (ENDESA) 2011/12 presenta que el 66 por ciento de las viviendas acceden a la red de agua potable y segura (cuando poseen tubería dentro de la vivienda o si tienen una llave en el patio). Este porcentaje varía drásticamente según zona geográfica, siendo 91.20 por ciento en zonas urbanas y 30.50 por ciento en zona rural” (Cajina, 2015, pág. 6)

Para finalizar, es importante reafirmar que el limitado desarrollo de las zonas rurales es también un obstáculo del desarrollo nacional y por tanto las políticas públicas focalizadas en el sector rural deben de jugar un papel preponderante. Sin embargo, a nivel nacional destaca el antagónico papel de las políticas públicas en relación a las verdaderas problemáticas y necesidades de las localidades rurales. Esto a su vez, puede ser entendido como un menoscabo a los derechos humanos de este importante actor social, históricamente marginado –en gran manera representado por el campesinado - y a su vez como un reforzamiento de la desigualdad, discriminación y exclusión social de los grupos más vulnerados de ésta sociedad. 

[1] (i) Hogares monoparentales. (ii) Condiciones de las viviendas (iii) Acceso a agua (iv) Acceso a consulta médica (v) Capacidad de dar educación secundaria (vi) Acceso a tierra para producir (vii) Inversión en animales (vii) Diversificación con ingresos no agropecuarios (ix) Inserción al mercado de productos (x) Dependencia del trabajo jornalero (xii) Contratación de mano de obra.

Bibliografía:

Ancheta, R. C., Morán, H. E., & Cabrera, M. (2016). Incidencia de la política fiscal en la desigualdad y la pobreza. Guatemala: ICEFI.

Beduschi, L. C., Contreras, R., & Holz, R. (2017). Sistemas de innovación para el desarrollo rural sostenible. Santiago de Chile: FAO-CELAC.

Cajina, J. C. (2015). Boletín informativo Sobre el Agua. Organización Mundial de la Salud.

Gómez, L. I. (2012). Determinantes de la pobreza rural: Una aplicación a Nicaragua. Cordoba, España: UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA.

Grigsby & Pérez. (2007). Structural implications of Economic Liberalization on Agriculture end Rural Development in Nicaragua. First phase: Natural Synthesis. Managua: Nitlapan UCA.

Rodríguez & Gomez. (2012). Dinámicas territoriales, un acercamiento a la. Managua: Nitlapan UCA.

Trivelli; Yancari & De los Rios. (2009). Crisis y pobreza rural en America Latina. Perú: Institutos de Estudios Peruanos.

World Bank. (2006). World Development Report: Equity and Development. Oxford: University Press New York.